Por: Carlos Alberto Monge Montaño.

"Las opiniones acerca de los salarios se formulan con tal apasionamiento y quedan tan influidas por la política, que en la mayoría de las discusiones sobre el tema, se olvidan los más elementales principios"… Henry Hazlitt (1894– 1993). Escritor, economista y periodista estadounidense.

La inédita huelga que iniciaron los trabajadores sindicalizados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, debería obligar una profunda revisión no sólo del Contrato Colectivo de Trabajo con todas los conquistas y/o privilegios que incluye, sino la búsqueda de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

Actualmente la distribución del vital líquido es evidentemente deficiente, incluso con los ciudadanos más cumplidos, mientras el organismo ha sido incapaz de recuperar entre 150 y 350 millones de pesos que adeudan más de 14 mil morosos, por decir lo menos.

Así que mientras el OOAPAS Morelia intenta sobrevivir con un déficit de 150 millones de pesos, no hay diálogo entre autoridades y sindicalizados, con el argumento de que la huelga podría tener un fundamento político electoral, como lo refirió el director del organismo, Roberto Valenzuela Cepeda; lo que en caso de ser cierto, sería extraordinariamente lamentable.

Más aún, porque los integrantes de este sindicato gozan de un Contrato Colectivo de Trabajo con prestaciones excelentes, como más de 60 días de vacaciones según su antigüedad, a las que se suman sábados y domingos porque su jornada laboral es de lunes a viernes en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde para el trabajador de campo y de 8:00 a 15:30 horas para los de oficina.

A ello hay que sumar que reciben una despensa equivalente a mil 800 pesos mensuales, gozan de un aguinaldo de 67 días de trabajo y el empleado que menos gana, cobra mensualmente alrededor de 18 mil pesos más todas sus prestaciones.

En las circunstancias que se encuentra la mayoría de los trabajadores del país, difícilmente podría concluirse que a los sindicalizados del OOAPAS les va mal y pese a ello, estallaron la huelga.

Claro está que en esta situación también tiene culpa la autoridad que hasta el momento ha sido incapaz de encontrar un esquema para primero, evitar la huelga, pero sobre todo, para solucionar de fondo un problema que se generó desde hace mucho tiempo gracias a las negociaciones inconscientes y electoreras que tomaron otras administraciones, mismas que se han convertido en una bola de nieve donde el perdedor absoluto es el ciudadano, el que paga los extraordinarios sueldos de trabajadores sindicalizados y de confianza.

Si bien es cierto que los sindicatos son necesarios para defender los derechos de los trabajadores, también lo es que algunos han abusado, con el pretexto de que en la clase política y empleados gubernamentales de confianza, es un asunto común.

En todo caso el reto es insistir en mecanismos para controlar de mejor manera a la clase política y gubernamental, y bien pueden ayudar en ello los sindicatos usando la información para contener y promover sanciones, pero no para negociar y abusar.

Bajo semejantes circunstancias, el ciudadano cautivo fiscalmente debe seguir pagando religiosamente sus impuestos para satisfacer sueldos de virreyes con prestaciones sindicales, de quienes integran los poderes en turno y a la par, mantener los privilegios y/o conquistas laborales de cualquier cantidad de sindicatos, que en algunos casos no son capaces de pagar ni su Impuesto Sobre la Renta y en otros, no le ponen ni un peso a su fondo de jubilaciones y pensiones.

El tema es invariablemente grave y claro que no hay una solución fácil y absoluta, por ello se debe acudir a la autocrítica, a la búsqueda honesta y transparente de las soluciones, para que deje de darles vergüenza a políticos, funcionarios y sindicalizados que los ciudadanos conozcan cuánto ganan, qué prestaciones tienen y tengan acceso total a los Contratos Colectivos de Trabajo.

Por lo pronto en el caso del OOAPAS, tendría que someterse a consideración la posibilidad de liquidar a los 840 trabajadores entre sindicalizados y de confianza, y contratarlos bajo un nuevo esquema. Valenzuela Cepeda argumentó que para ello se requieren entre 320 y 500 millones de pesos, según la forma que se elija, una quiebra o un finiquito negociado.

En fin, adicional a la exigencia del aumento salarial, los trabajadores tendrían que valorar desde su perspectiva personal y no sólo por lo que les dictan sus líderes, si no será mejor flexibilizar la posición para evitar que puedan matar a su gallina de los huevos de oro.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
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