En política hay algo más peligroso que el error: la hipocresía. Porque el error puede corregirse, pero la doble moral se convierte en sistema, en estrategia y, peor aún, en una forma de manipular a la opinión pública. Y eso es justamente lo que hoy parece exhibir Morena: una narrativa selectiva donde se castiga a unos por conveniencia política, mientras se protege a otros pese a los señalamientos muy graves.
El caso reciente de la intención de promover un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, resulta profundamente ilustrativo de esta contradicción. Desde el oficialismo se le acusa poco menos que de “traición a la patria” por el combate frontal a laboratorios clandestinos de droga en territorio chihuahuense y por supuesta participación de elementos de seguridad estadounidenses en acciones de cooperación.
El argumento, además de endeble, parece olvidar algo elemental: en México, el control de fronteras, espacio aéreo y la autorización para el ingreso de agentes extranjeros corresponde al gobierno federal. No a los gobiernos estatales. Si hubo presencia de autoridades internacionales en tareas de coordinación o inteligencia, sería imposible que ocurriera sin conocimiento o consentimiento de instancias federales. Pretender responsabilizar únicamente a un gobierno local no solo parece jurídicamente cuestionable, sino políticamente conveniente.
Pero ahí no termina la contradicción.
Mientras Morena dirige reflectores, acusaciones y amenazas políticas contra quienes emprenden acciones para combatir estructuras criminales, el trato hacia otros actores es diametralmente distinto. Ahí está el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado reiteradamente en distintos espacios públicos y mediáticos por presuntos vínculos, omisiones y complicidades con grupos delictivos que han sembrado violencia en esa entidad y en el país. Frente a esos señalamientos, la respuesta del oficialismo no ha sido la exigencia de cuentas, sino el blindaje político.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta severidad con quienes enfrentan a estructuras criminales y tanta indulgencia con quienes son cuestionados por presunta cercanía con ellas?
La respuesta parece encontrarse en una lógica profundamente facciosa: Morena ha convertido la justicia en instrumento político. No se persigue en función de la ley, sino de la utilidad partidista. Si alguien resulta incómodo, se activa la maquinaria de presión mediática, legislativa y judicial. Si alguien resulta funcional, se minimizan escándalos, se desacreditan críticas y se cierran filas.
Lo preocupante no es solo la inconsistencia política. Lo verdaderamente grave es el mensaje que esto manda a la sociedad: combatir al crimen puede costarte persecución política, mientras que las sospechas de complicidad pueden encontrar refugio bajo el manto del poder.
Porque si algo resulta imperdonable es que la política deje de proteger a la sociedad para privilegiar intereses de poder. La traición no está en combatir laboratorios clandestinos; la verdadera traición es permitir que quienes lucran con la muerte, el miedo y la destrucción social sigan operando bajo la sombra de la impunidad.
Y esa es, precisamente, la gran contradicción que Morena tendrá cada vez más difícil explicar: perseguir a quienes aplican la ley mientras encubre a quienes son señalados por convivir con la oscuridad del crimen. La historia suele ser implacable con los gobiernos que confunden lealtad partidista con justicia. Y tarde o temprano, la doble moral termina pasando factura.
*Presidente Nacional del PRI.
BCT