La educación superior en México tiene una larga historia, sin embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se gestó un crecimiento exponencial. Basta señalar que el número de estudiantes se multiplicó a partir de 1950 al pasar de alrededor de 30 mil alumnos a 255 mil en 1970, aunque el incremento más relevante se dio en las dos décadas siguientes al matricularse más de un millón de jóvenes en 1990.

El grupo de edad típico para cursar este tipo educativo es de 18 a 23 años y, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la educación superior se integra por los niveles técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como la educación normal en todas sus especialidades.

Hasta la fecha, los estudios universitarios continúan en ascenso. Tan solo en el ciclo escolar que recién acaba de concluir estaban inscritos 4.8 millones de estudiantes en la licenciatura, quienes recibían clases de 398 mil docentes que laboraban en alguna de las 7 mil 241 instituciones de educación superior que hay en el territorio nacional.

En efecto, México ha logrado construir un complejo sistema de educación superior, organizado en subsistemas, entre los que se encuentran: Universidades públicas estatales, universidades públicas federales, institutos tecnológicos federales, institutos tecnológicos descentralizados, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, instituciones de formación docente públicas, universidades interculturales, centros públicos de investigación, universidades privadas e instituciones de formación docente privadas.

Uno de los acontecimientos más relevantes de la última década, sin duda, fue la Reforma Educativa de 2019 que, entre otros aspectos, elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación superior.

La Reforma Constitucional dio paso a nueva Ley General de Educación Superior en abril de 2021, con la cual se abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 que ya había perdido vigencia, pues fue aprobada para otro contexto político, económico y social del país.

Aún con todos los esfuerzos realizados y las expectativas que tienen los padres de familia, en México solo 2 de cada 10 adultos de 25 a 64 años cuenta con estudios de educación superior, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, estamos por debajo de países como España donde cerca de la mitad de la población tiene estudios superiores o chile donde el 32% de los adultos logró alcanzar este nivel educativo.

Dado el crecimiento de la demanda de jóvenes que buscan cursar estudios de licenciatura, las universidades públicas se enfrentan a un reto formidable: garantizar espacios a todos los aspirantes. Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entre 500 mil y 700 mil estudiantes no logran ingresar a la institución de su preferencia. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México rechaza alrededor del 90% de los aspirantes que aplican su examen de admisión. A nivel estatal, aún con el esfuerzo que realizan las universidades, más del 70% de los aspirantes no son aceptados.

El crecimiento de la demanda también ha dado lugar al aumento de escuelas privadas, algunas sin los controles adecuados; actualmente, la mayoría (64.8%) de las instituciones de educación superior son privadas, muchas de ellas son pequeñas y absorben el 36.7% de la matrícula total.

La educación superior es uno de los tipos educativos que mayores retos enfrenta en el Sistema Educativo Nacional. Hay rezagos evidentes tales como garantizar la gratuidad y la universalización, infraestructura de calidad en cada institución educativa, incrementar el número de  docentes e investigadores, más flexibilidad y transversalidad del conocimiento, mayor vinculación con las vocaciones productivas, presupuestos suficientes y estándares de calidad para todas las escuelas, sean públicas y privadas; de ahí la relevancia de construir una nueva gobernanza que permita impulsar consensos y una agenda de políticas públicas que beneficie a todas las regiones del país.

rmr