Desde 2009, cuando pusimos en el debate público la imperiosa necesidad de federalizar la nómina educativa en Michoacán, han transcurrido 16 años de promesas incumplidas, diagnósticos archivados y oportunidades desperdiciadas. Hoy, cuando el estado se encuentra al borde de solicitar nuevos créditos para mantener a flote sus finanzas, resulta urgente preguntarnos: ¿cuánto más tendremos que esperar para que se concrete esta reforma estructural que beneficiaría a maestras, maestros y, sobre todo, a las niñas, niños y jóvenes de Michoacán?
En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció con bombo y platillo que Michoacán sería el primer estado en federalizar su nómina educativa. El 23 de enero de 2020, incluso se firmó un convenio que generó esperanza entre el magisterio. Sin embargo, esa promesa, como tantas otras en la historia reciente de nuestro estado, quedó en el olvido. El sexenio de la llamada Cuarta Transformación concluyó sin que se materializara lo anunciado.
Desde 2018, tanto el gobierno federal como el estatal han ofrecido resolver este problema estructural que afecta directamente la estabilidad laboral y económica de miles de docentes michoacanos. El silencio actual del gobierno estatal sobre este tema es ensordecedor, especialmente cuando se considera que están a punto de solicitar más créditos para financiar gastos corrientes.
Recientemente, el senador Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, declaró que la federalización de la nómina educativa en Michoacán no es un tema muerto y que existen avances en las conversaciones con la Secretaría de Educación Pública federal. Esta declaración da visos de que el tema pueda convertirse en un compromiso tangible con fechas, mecanismos y responsabilidades claras.
Intrínsecamente, el presidente de la Comisión de Educación del Senado ha reconocido las complejidades del proceso: la situación de las plazas faltantes, las horas incompletas en secundarias y normales, el problema de los maestros estatales que no han podido ejercer plenamente sus derechos, y las implicaciones para Pensiones Civiles del Estado. Sin embargo, estas complejidades no pueden ser excusas para la inacción. Son precisamente los problemas que la federalización vendría a resolver de manera estructural.
La federalización de la nómina educativa en absoluto es una graciosa concesión al magisterio o un favor político. Es una necesidad apremiante para:
Sanear las finanzas estatales, que año con año destinan una proporción desmedida a cubrir la nómina educativa, limitando la capacidad de inversión en otras áreas prioritarias.
Garantizar la estabilidad laboral de miles de maestras y maestros que han padecido retrasos en sus pagos, discrepancias salariales y una incertidumbre permanente sobre sus prestaciones.
Homologar salarios y prestaciones para eliminar las injustas disparidades que existen entre docentes de diferentes estados, como bien señaló el senador Morón, tomando como referencia el modelo exitoso de la Ciudad de México.
Liberar recursos estatales para invertir en lo que realmente importa: infraestructura educativa, formación docente, materiales didácticos y programas que mejoren la calidad de la educación.
Transparentar el uso de recursos mediante sistemas federales de control y auditoría que eliminen opacidades y posibles malos manejos.
Mientras el gobierno federal estudia el tema y el Senado muestra apertura, el gobierno estatal de Michoacán guarda un silencio preocupante. La administración debe pronunciarse con claridad: ¿están dispuestos a impulsar la federalización de la nómina o preferirán seguir administrando un sistema que perpetúa la precariedad laboral del magisterio y el endeudamiento estatal?
El argumento de que "todos los estados querrían lo mismo" es falaz. Michoacán tiene características únicas que justifican plenamente esta medida: un sistema educativo históricamente precarizado, problemas crónicos de pagos atrasados, una deuda histórica con maestros estatales y una estructura financiera estatal que destina una proporción excesiva de sus recursos a la nómina educativa.
Es momento de exigir acciones concretas: a las autoridades federales, que dejen de "estudiar el tema" y presenten una ruta crítica con fechas específicas; y al gobierno estatal, que asuma su responsabilidad histórica y negocie activamente la federalización, en lugar de buscar más créditos que hipotecan el futuro de Michoacán.
No será casualidad que, en el marco del cierre del ejercicio fiscal y de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, veamos al magisterio michoacano exigiendo lo que por derecho le corresponde: un salario digno, pagado puntualmente, con prestaciones homologadas y la certeza jurídica que solo la federalización puede garantizar.
La federalización de la nómina educativa es una gran vía para sanear estructuralmente las finanzas educativas estatales, dotar de estabilidad laboral y económica al magisterio michoacano y liberar recursos que permitan invertir en la calidad educativa que nuestras niñas, niños y jóvenes merecen.
Dieciséis años de espera son más que suficientes. Michoacán no puede seguir posponiendo una decisión que es, antes que política, un acto de justicia social con quienes dedican su vida a educar a las futuras generaciones.
rmr