El cumplimiento y respeto del Estado de Derecho no implica de manera exclusiva la protección de derechos y libertades ni límites en el ejercicio de la función pública por parte de cualquier autoridad; tampoco se limita al fortalecimiento de la paz pública y la seguridad.
El Estado de Derecho también implica desarrollo económico sostenible y reducción de la pobreza. Existen estudios de organismos nacionales e internacionales (IMCO, INEGI, México Evalúa o WJP) que miden su cumplimiento mediante indicadores que permiten conocer la fortaleza o debilidad del país o de las entidades federativas en diversos tópicos, como la procuración e impartición de justicia. Se evalúan tiempos de resolución de los tribunales, costos, confianza y corrupción; es decir, la eficiencia y eficacia de las instituciones de justicia. De igual manera, se analiza el cumplimiento de contratos e incluso, en algunos casos, la eficiencia de los servicios notariales y registrales.
Estos estudios permiten conocer la situación real de las instituciones y su funcionamiento, así como su impacto en la vida cotidiana. Para los sectores productivos son referentes serios en la toma de decisiones: empresas, industrias e inversionistas deciden la instalación o apertura de negocios con base en dichos estudios. Es decir, el cumplimiento y respeto del Estado de Derecho sí tiene impactos positivos o negativos en la economía, el desarrollo, la innovación y la pobreza, entre otros aspectos.
Asimismo, los resultados de estos estudios permiten identificar las áreas de oportunidad que tienen las instituciones para mejorar. Ello, por supuesto, requiere de un análisis puntual para determinar qué puede corregirse a corto, mediano o largo plazo; por ende, es imprescindible que las instituciones tomen en serio estos estudios y trabajen para mejorar.
En el caso del nuevo Poder Judicial de Michoacán, que inició funciones a finales de 2025, los retos están claros: mejorar la confianza ciudadana, que se perdió durante las últimas dos décadas; erradicar cualquier acto de corrupción y sancionarlo por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que ya ha tomado decisiones al respecto; fortalecer las capacidades del personal por medio de la Escuela de Formación Judicial; y cambiar la visión de la impartición de justicia por una más humana y completa, entre otros rubros que pueden identificarse en estudios, sondeos y encuestas.
BCT