A propósito del proceso de elección del 1 de junio de 2025 en México, producto de la reforma judicial constitucional del 2024, las voces de diversos sectores sociales no se han hecho esperar, como sucede en todos los países de corte democrático, por esa razón dedicamos este espacio al tema de referencia.

Desde la academia, se enfatiza que los jueces no poseen poder en sí mismos, sino que deben juzgar conforme a la ley y, en un sentido estricto, resolver lo más apegado al valor de la justicia. Una justicia social que permita acortar las brechas entre quienes tienen menos y quienes tienen más, reduciendo las desigualdades. Alejados de fanatismos e ideologías, debe prevalecer el interés general, garantizando los derechos humanos de cada persona en particular.

El proceso de elección evidenció el deseo y la exigencia de un acceso imparcial y genuino a la justicia. Los candidatos que se acercaron a diversos sectores sociales percibieron el descontento hacia un sistema judicial alejado del sentir y las necesidades sociales. Las personas económicamente vulnerables manifestaron que actualmente se cuenta con un sistema de justicia accesible solo para quienes disponen de recursos para contratar abogados, señalando además el nivel de impunidad y corrupción en la procuración y administración de justicia.

En este proceso, se observó el profesionalismo y la capacidad de juzgadores con una alta consideración hacia los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, víctimas, animales y el medio ambiente. El sistema judicial se ha ido actualizando, invocando interpretaciones más favorables a la persona en términos de derechos humanos.

Hoy, los retos van más allá de democratizar el Poder Judicial; se centran en el acceso a una justicia más humana, que atienda el apotegma de José María Morelos y Pavón: "Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario", con más vigencia que nunca. Definir quién es el fuerte y quién es el arbitrario es otro debate que puede referirse al poder político, económico e incluso a los poderes fácticos, así como a casos donde la propia ley ha servido como instrumento de opresión y arbitrariedad contra el pueblo.

Esta frase de Morelos hablaba del amparo y protección reales contra los abusos del poder. Debemos resaltar el objetivo principal: proteger a las personas, al ciudadano más débil, de las arbitrariedades de los más poderosos. Las personas juzgadoras deben reflexionar y actuar con mayor compromiso, especialmente aquellos que, ahora, con el proceso democrático de elección, se dieron un “baño de pueblo” o son, en muchos casos, parte del pueblo. Sin olvidar que la justicia debe ser imparcial y de fácil acceso para todos, sin importar su condición o estatus en la sociedad.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum considera importante la participación democrática del 13% de los electores, resaltando que la elección representa un proceso innovador que cumple con las expectativas planteadas. Caracterizando la apertura de la presidenta, se debe destacar el reconocimiento de que este procedimiento es perfectible, al ser la primera elección, de la cual se deberán extraer conclusiones para el próximo proceso a realizarse en 2027.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, también reconoció todos los retos que esto implica: una elección sin incidentes y con la participación de una gran cantidad de michoacanos. Destaca que el Poder Judicial ahora dependerá de los ciudadanos. No considera que haya sido una elección con baja participación porque en el estado de Michoacán se proyectaba una participación del 10%.

El tiempo siempre dará la razón a quien la tiene. Al igual que en la elección de juzgadores, el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial tendrá un papel fundamental en analizar el desempeño de las personas juzgadoras. Sin duda alguna, la sociedad será el mejor juez de este proceso innovador y evaluará los resultados del acceso a una justicia con perspectiva social.

RPO