En un contexto donde la democracia y la protección de derechos humanos son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, la reciente intención del partido en el poder de llevar a cabo una reforma constitucional que eliminaría los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), representa un grave retroceso en la observancia y garantía de estos derechos.

Los órganos constitucionales autónomos han sido fundamentales en la consolidación de un sistema democrático en México. El INAI, por ejemplo, ha jugado un papel crucial en la promoción y defensa del acceso a la información pública, permitiendo que la ciudadanía pueda conocer y cuestionar las acciones del gobierno. La transparencia es un elemento esencial para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas, dos aspectos que han sido históricamente problemáticos en el país.

Por otro lado, el IFT ha garantizado la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo un entorno donde las y los mexicanos podamos acceder a servicios de calidad y a precios competitivos. La COFECE, a su vez, protege el libre mercado y evita prácticas monopolísticas, fundamentales para el desarrollo económico del país. Sin estos órganos, el riesgo de abusos de poder y concentración económica se incrementa significativamente.

La desaparición de estos órganos autónomos no solo es una amenaza a la transparencia y a la competencia económica, sino que también implica un ataque directo a los derechos humanos. La protección de datos personales es un derecho cada vez más relevante en un mundo digitalizado, y el INAI ha sido un baluarte en la defensa de este derecho. Al eliminarlo, se pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos y se abre la puerta a posibles abusos en el manejo de información sensible por parte del gobierno y de empresas privadas.

Además, el CONEVAL ha sido fundamental en la medición objetiva e imparcial de las condiciones sociales y económicas del país. Su labor ha permitido identificar áreas de oportunidad y diseñar políticas públicas efectivas para combatir la pobreza y la desigualdad. La eliminación de este órgano significaría una pérdida de la capacidad del Estado para evaluar y responder adecuadamente a las necesidades de la población.

Es esencial que la sociedad civil, los partidos de oposición y los ciudadanos en general nos movilicemos en defensa de estos órganos. La reforma constitucional que se pretende llevar a cabo no solo es un ataque a la institucionalidad, sino que también es un paso hacia la concentración del poder y la erosión de las libertades fundamentales. La historia ha demostrado que los retrocesos en materia de derechos humanos y democracia suelen comenzar con la desarticulación de mecanismos de control y supervisión.

La defensa de los órganos autónomos es, por lo tanto, una defensa de la democracia misma. Es una defensa del derecho de la ciudadanía a estar informada, a vivir en un entorno competitivo y justo, y a tener acceso a servicios públicos de calidad. Llamamos a todas y todos a hacer un frente común en contra de esta reforma, porque lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia y el respeto a nuestros derechos. En tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca proteger lo que hemos construido con esfuerzo y sacrificio.

*Presidente Nacional del PRI.

AML