El cambio climático constituye una emergencia mundial que amenaza con revertir décadas de progreso de la humanidad. Los informes recientes confirman que las emisiones de gases de efecto de invernadero continúan creciendo; incluso, los pronósticos auguran que en esta década podríamos alcanzar las temperaturas más altas de los últimos 170 años.
Estamos batiendo récords, destaca el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al revelar que las emisiones de gases efecto invernadero alcanzaron un máximo histórico entre 2021 y 2022, al aumentar 1.2 %; mientras que 2023 se perfila como el año más caluroso de la historia. Tan solo el mes de septiembre registró la temperatura más alta, con 1.8 grados centígrados por arriba de la media preindustrial (1850-1900).
A medida que incrementa la temperatura, los fenómenos climatológicos son cada vez más extremos y aumentan el riesgo de desastres naturales catastróficos en los ecosistemas, la salud y la economía de los países. Las sequías prolongadas, por ejemplo, merman la producción de alimentos y la salud de las personas; los huracanes y ciclones de mayor intensidad provocan inundaciones, deslaves, deterioro de las reservas ambientales, pérdida de vidas humanas y bienes materiales; las tormentas invernales extremas paralizan el transporte y el sistema productivo.
Se prevé que el cambio climático sea el causante de 250 mil muertes adicionales por año, entre 2030 y 2050. En términos económicos el futuro tampoco es alentador, se estima que el costo global oscilará entre 1.7 y 3.1 billones de dólares al año para 2050 por daños a la infraestructura, la propiedad, la agricultura y la salud, de acuerdo con una publicación del Foro Económico Mundial.
México no está exento de los efectos negativos del cambio climático. Por su ubicación geográfica y condiciones sociales de la población, nuestro país es altamente vulnerable a eventos hidrometeorológicos que pueden terminar en situaciones de desastre. El huracán Otis, que azotó las costas de Acapulco y otros municipios de Guerrero el pasado 25 de octubre de 2023, es muestra de ello; en 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, afectando la vida de más de un millón de personas, provocó al menos 50 muertos y hay 30 desaparecidos, según cifras oficiales; además, representó un costo estimado de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings.
Sin duda, tenemos uno de los mayores desafíos que exige acciones urgentes y coordinadas de todos los gobiernos, el sector privado y la sociedad para avanzar hacia una economía sustentable y sostenible. Precisamente, esta semana inicia una de las reuniones más importantes del mundo: La 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP28, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos.
Es la Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde 1995. A esta reunión asisten alrededor de 200 estados parte, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, observadores y medios de comunicación. El último acuerdo más relevante fue alcanzado en la COP21: el Acuerdo de París, que logró el compromiso de los países miembros de limitar el aumento de la temperatura global y activar medidas para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero con metas al 2030.
En torno al Acuerdo de París los estados parte han detonado diversas legislaciones y políticas públicas, sin embargo, no se han logrado reducir las emisiones. La COP28 será una reunión decisiva, no solo porque estamos a mitad del camino para cumplir con los objetivos, sino para evaluar los avances, reafirmar los compromisos, reencauzar las estrategias y comprometer inversiones para enfrentar el cambio climático.
En México el reto es mayúsculo, primero porque debemos enfrentar los riesgos del cambio climático con una política pública integral de prevención y atención para reducir la vulnerabilidad de los desastres naturales, que demanda coordinación y recursos de los tres niveles de gobierno; y segundo, es urgente transitar hacia una economía verde ante el reacomodo industrial que vive el mundo y cumplir con oportunidad los compromisos que nuestro país asumió en el Acuerdo de París para reducir en sus emisiones de carbono negro y los de gases de efecto invernadero.
rmr